miércoles, 6 de diciembre de 2017

En el día de la constitución inmaculada


La constitución española, así de "en minúsculas" la hemos dejado, cumple hoy 39 años en un momento difícil de su vida, cuando hemos pasado de incumplirla en su literalidad a tirárnosla los unos a los otros a la cabeza, como si Goya hubiese sustituido los palos de su duelo a garrotazos por esos tomos enormes sobre los que juran o prometen, por imperativo legal o no, su texto los cargos públicos electos.

Dicen en el telediario y otros medios más o menos parciales que es la norma que nos hemos dado todos los españoles y añaden que fue votada mayoritariamente; incluso, a veces eliden el pretérito para mayor abundamiento. Pues no, esa frase tantas veces repetida, es una falacia. Tengo 57 años y yo no voté la constitución en el 1978 porque no tenía edad para votar; porque la constitución se votó en virtud de una ley franquista que establecía la mayoría de edad a los 21 años.

Las matemáticas del referéndum (sí, referéndum, que alguno ha habido en la democracia española) son claras: ninguno de los actuales españoles menores de 60 años votamos la constitución. O lo que es lo mismo: el 77,3% de los españoles actuales no tuvimos la oportunidad de hacerla nuestra. Así pues, pese a su relativa juventud de 39 años, se trata de un texto legal, como poco, prejubilado si no ya jubilado completamente. Y como a todos los jubilados, se le reconocen y agradecen los servicios prestados, que son muchos, pero su puesto se reemplaza.

El caprichoso calendario de la historia ha querido juntar en un mismo puente festivo la conmemoración del aniversario de la constitución española y la festividad religiosa de la Inmaculada, en uno de estos alardes laico-religiosos que tenemos en este país; así ha conformado el puente de la inmaculada constitución o de la constitución inmaculada, que lo mismo da; un puente que se viene haciendo demasiado largo en su purísimo concepto.

Quienes piensen que la rimbombantemente  bautizada como "norma general del estado" está muy bien así, paralizada en su limbo, pueden leerla y comprobar, supongo, horrorizados, que no contempla el derecho a la sanidad universal, por ejemplo. Los ciudadanos que la conocemos, contemplamos no con menos enfado, que se incumple sistemáticamente en materia de trabajo y remuneración suficiente, igualdad, vivienda digna, justicia social o que se interpreta interesadamente en otras materias como la educación, para favorecer a los centros privados, por ejemplo.

La jefatura del estado, la sanidad, la federalización del territorio, la supresión de desigualdades fiscales, la laicidad, la consulta ciudadana, la supeditación al principio de estabilidad presupuestaria en vez de al de estabilidad social, el desarrollo del derecho al trabajo o a la vivienda, la supresión del aforamiento, el principio de una persona un voto, la supresión de la pena de muerte sea cual fuere el tiempo (de paz o de guerra), la equidad y la igualdad, el cuidado del medio ambiente, la atención a la dependencia, la prohibición de las anmistías fiscales... Le queda mucha faena a esta constitución, demasiada para su mentalidad de prejubilada y su pertenencia a las clases pasivas de prejubilados o jubilados (dicho sea con todo el cariño, que ya me queda poco) para que me salga escribir con mayúsculas aquello de Constitución Española.

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