Legalidad y Justicia

Andan enzarzados por un quítame allá esas semánticas ideológicas el concejal electo de Zaragoza en Común (Pablo Híjar) y otras cabezas pensantes y mandantes de la capital como el juez decano de Zaragoza (Ángel Dolado), otros expertos en derecho (que no quiere decir expertos en Justicia) y los representantes (o representontos, incluso representintos) de los grupos políticos zaragozanos.

La cosa viene de unas declaraciones de Ada Colau en las que afirmaba: Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen

Desde esta esquina, el concejal ha dicho que no defiende el principio de legalidad sino en el principio de la Justicia; desde la otra esquina el juez ha respondido que "el principio de legalidad es fundamental en un estado social, democrático y de derecho", a lo que José Bermejo, catedrático de derecho administrativo ha apostillado que lo dicho por Híjar es un escándalo porque "nadie está por encima de la Ley" y que la Justicia es un concepto filosófico muy chulo, pero diverso pues cada uno tiene el suyo (como si los jueces fueran infaliblemente unánimes al aplicar cualquier articulado legal a sus sentencias). Según leo en el Heraldo del sábado 6 de junio. También han terciado en la cuestión el letrado de las cortes y portavoces del PP, PSOE y CHA, posicionándose por la legalidad frente a la Justicia con sospechosa coincidencia.

La cuestión no es meramente semántica, sino, y fundamentalmente, ideológica, pues parte de una certeza que tiene el ciudadano Híjar (y yo mismo y espero que muchos otros) y que parece una carencia del juez Dolado, del catedrático Bermejo (que lo tacha de ignorante) y de los otros mandamases: la legalidad no es, necesariamente, justa.

La coincidencia entre tan dispares defensores de la ley (sea o no justa) me sugiere que, en realidad, los textos legales no están redactados para defender lo que es ecuánime, sino para mantener un statu quo en el que parecen sentirse tan a gusto los jueces que los interpretan, como los docentes que los enseñan o los políticos (de todo signo por lo visto) que los disfrutan. Los desahuciados, los futuros condenados por la ley mordaza, los damnificados por leyes educativas, fiscales, sociales... esos son/somos otro cantar.

Practicar la legalidad consiste en aplicar las leyes a rajatabla (o con la interpretación del juez mediante, penosa algunas veces) y condenar (a muerte, por ejemplo) al opositor al régimen legislador o, por no irme tan lejos, a una multa de hasta 30.000 € de multa por obstaculizar un desahucio.

De un juez que se decanta por la legalidad y no por la Justicia sólo puede esperarse que sea legal, no que sea justo. De un profesor de leyes que forma a los futuros jueces en esa concepción no se puede esperar más que una formación incongruente con el espíritu de las leyes. De unos políticos que opinan así sólo puede esperarse que legislen de forma arbitraria y, en el peor de los casos, despótica.

Y así nos va.