Ayer pasé el día de interventor en la mesa de Calatayud. Era día de elecciones sindicales en educación y me estrenaba con mi sindicato CGT después de abandonar, por principios, treinta años de militancia activa en CC.OO.
Los resultados, locales y aragoneses, me dicen que algo está cambiando:
- Que hay un gran descontento como demuestra la altísima abstención.
- Que la gente está cansada de las apuestas sindicales anquilosadas, acartonadas y, por qué no decirlo, sospechosas:
- CSIF, aunque gana, pierde seis delegados.
- UGT pierde cinco delegados y pasa a ser la quinta ¿fuerza? sindical.
- CCOO se mantiene en delegados, pero deja de ser el segundo sindicato.
- ANPE queda fuera de la junta
- STEA gana un delegado en Aragón.
- CGT es la segunda fuerza sindical de Aragón (la primera en Huesca) y gana seis delegados, quedando con 18.
Que, pese a todo, hay cosas que no cambian:
- Que las instrucciones de la administración respecto al tiempo disponible para votar estaban encaminadas a dificultar el ejercicio democrtático y a poner al personal en contra de los sindicatos porque se les hizo creer que esas trabas eran fruto de un acuerdo.
- Que, en general, las direcciones de los centros son incapaces de garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores (las dos últimas horas de la jornada de mañana en secundaria, las horas de tarde en primaria) y se plegaron a las condiciones "sugeridas" por la administración.
También me dicen que hay estilos y estilos. En mi mesa estábamos cuatro interventores y yo era el único que no llevaba el censo electoral, ni falta que hace.
En cualquier consulta electoral, siempre me he sentido intimidado por los interventores que, con la lista de los votantes, marcan quiénes votamos con no sé qué oscuras intenciones electorales. De hecho, más de una vez, he puesto en conocimiento del presidente de mesa esa sensación y le he pedido que, para garantizar mi derecho a un voto libre (su obligación legal), retirara las listas a los representantes de las candidaturas. Sólo una vez conseguí la comprensión de la mesa y la orden, por su parte, de que no tomasen nota de mi acto electoral.
Entre esas aviesas intenciones de los interventores está la de comprobar quiénes de sus afiliados votan para requerirles telefónicamente el acto. Yo mismo fui testigo ayer de cómo un interventor comunicaba a media tarde a su sindicato la relación de afiliados que habían ejercido su derecho a voto.
Casualmente, una de las personas integrantes de la mesa era afiliada de ese sindicato y recibió una llamada requisitoria al poco rato. Su reacción fue de sorpresa, primero y de indignación, después. Me llamó al pasillo, me preguntó por qué yo no apuntaba, me explicó lo ocurrido y acerca de la legalidad y procedencia del hecho de que los demás tomaran nota de los votantes. Yo le expliqué mi experiencia, mi opinión y que, lamentablemente, parecía estar dentro de la norma.
Esta persona, con buen criterio, expresó sus dudas ante toda la mesa, interventores incluidos y su malestar ante los hechos. Imagino que, si alguien de la propia mesa se siente molesta, los electores (o muchos de ellos) también lo estaban, sobre todo, porque varias personas del sindicato al que me refiero y que no es otro que CSIF, llamaron aparte al interventor para comentarle su enfado.
Lo peor de todo, es que en esas hojas del censo, que estaban en poder de los otros tres interventores, figuraban nombre y apellidos, nif, número de registro, años de servicio, dirección y no sé si también el cumplimiento del precepto pascual.
Bonita manera de proteger la privacidad.
Bonita manera de garantizar el derecho al voto.
