Demagogia made in Cospedal

La medida de María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla la Mancha, de dejar sin sueldo a los diputados regionales puede caer simpática a primeva vista, sobre todo teniendo en cuenta la que está cayendo, merecidamente, contra la oligarquía política.

Sin embargo, esta decisión, que aparecerá en el presupuesto castellano-manchego para el curso próximo, merece varias lecturas complementarias, sobre todo viniendo de una presidenta que ha ingresado en sueldos públicos casi 751.000 euros en los últimos cinco años como senadora (ahora ya no lo es), secretaria general del PP, diputada regional (y ahora presidenta de Castlla-La Mancha) y los trienios como abogada del estado en excedencia (a los que, por nimios que sean, nunca renunció). Solo en 2009 llegó a declarar a Hacienda 259.589,06 euros, unos ingresos escandalosos en plena crisis si consideramos, insisto, que todo es dinero PÚBLICO. Ese mismo año, la presidenta declaró un saldo medio en sus cuentas de 508.822 euros (el año 2006 sólo tenía un saldo de 42.600) y una deuda hipotecaria de 753.213 euros que se quitó de un plumazo sin que mediara premio de la lotería ni nada parecido. Recientemente se ha comprado una chocita en Toledo de 700 metros cuadrados, con en una finca de 12.000 metros cuadrados, por el módico precio de 2,3 millones de euros.

Casa de la presidenta

Hecha esta primera lectura, vayamos con la segunda: la regeneración democrática, la desinfección de la política que necesitamos en España tiene que venir de la mano de la propia política, de la propia democracia, partiendo de la premisa, tantas veces olvidada, de que el poder reside en el pueblo. El cambio de sistema electoral para excluir a políticos corruptos y aprovechados es ineludible, como lo es también la búsqueda de soluciones participativas que permitan a la ciudadanía la intervención directa en política y eviten la cesión a fondo perdido de la soberanía popular durante cuatro años. Un sistema que impida alardear de y ejercer la mayoría absoluta a un gobierno que, como el actual, solo ha obtenido el 30,37% de los votos (10.866.566 de un censo electoral de 35.779.208 personas). Regenerar la política implica la pérdida de privilegios por parte de quienes la ejercen, equiparando su situación a la del resto de los mortales en lo que se refiere a percepción de salarios, derechos de jubilación y desempleo, dietas... Regenerar la política significa acabar con el enchufismo que hincha la nónima pública de familiares, amiguetes y pelotas varios con cargo al contribuyente y sin haber pasado por procesos selectivos transparentes. Regenerar la política significa que los corruptos den con sus huesos en la trena y con el botín en las cuentas del estado y que los despilfarradores respondan con su patrimonio de su mala gestión. Regenerar la política significa acabar con los partidos políticos subvencionados por todos y con los sindicatos clientes y agradecidos... Regenerar la política supone hacer un repaso coherente a Congreso, Senado (¿de qué sirve?), Comunidades autónomas, Diputaciones Provinciales, Comarcas, Mancomunidades, Ayuntamientos y pedanías y expurgarlas a fondo, eliminando referentes intermedios (las Diputaciones, por ejemplo, si existen las comarcas), evitar la duplicidad de servicios y garantizar la atención próxima a la ciudadanía.

La tercera lectura es histórica y nos lleva al caciquismo decimonónico donde solo los rentistas podían dedicarse a la política porque tenían medios económicos para hacerlo o mantener hombres de paja en los escaños que beneficiaran permanentemente a sus intereses. Despojar de un sueldo suficiente a los políticos supone aumentar el poder de la oligarquía política, dar cancha a grupos económicos y lobbys que lancen al poder títeres para manejarlos a su antojo y negar al pueblo el acceso a los cargos electos si algún día puede hacerlo en un sistema electoral abierto.

La cuarta lectura es muy simple, de sumas y restas: el presupuesto de Castilla-La mancha para el próximo año no miente. El ahorro en los sueldos correspondientes a los diputados autonómicos será de un millón de euros aproximadamente (cantidad nada desdeñable si se tienen en cuenta los brutales recortes que ha emprendido Cospedal en los servicios públicos), sin embargo, los 46 asesores (amiguetes y correveidiles nombrados o promocionados a dedo, que no elegidos) con los que cuenta la consejería de presidencia de la junta (los asesores directos de la presidenta) cobrarán 1.644.140 euros. En total, los 82 asesores de las seis consejerías de la junta cobrarán 3,26 millones de euros; recordemos: personal metido a dedo porque son del partido, primos segundos, hijos de gente a la que se deben favores, peloteos u otras cuestiones menos confesable. La cifra se ve completada por 67 millones reservados para cargos de alta dirección dentro de la Junta.

La conclusión es clara: setenta millones de euros de gasto para cargos colocados o promocionados a dedo frente a un millón de ahorro para representantes (o lo que sea con este sistema) elegidos en las elecciones... Demagogia populista y barata.